Vaya periodismo, más bien una proclama (algo enojada) contra el sobreseimiento dictado por la Cámara Federal de Resistencia de la causa que tenía Félix Díaz y Amanda Asijak por el corte de la ruta nacional 86, esta nota de Carlos Roble.
Varias cosas, El Comercial es uno los diarios más leídos, si no el más. Totalmente cooptados por el Gobierno de Insfrán, esta nota refleja una línea que se parece más a un fanzine fanático que a un diario.
Destaco este párrafo: "Félix Díaz pretende apropiarse de tierras desde el criterio de la “ancestralidad” cuando el relevamiento y la mensura de los predios ocupados por pueblos originarios se realizan desde el lugar del espacio “efectivamente ocupado”, como lo marca el gobierno nacional."
En ese pequeño párrafo se resume la intención de ambos Gobiernos, Nacional y Provincial, respecto a esta causa. Los voceros periodistas de Insfrán deslegitiman el reclamo de los hermanos qom desde el día 0, desprestigiando a Félix Díaz, líder del reclamo y representante electo de la comunidad, presentándolo como un ambicioso que sólo quiere salir en tv, y como dice el párrafo citado, pretende apropiarse de tierras amparándose en lo que para mí, quien escribe, se trata de un concepto clave: la ancestralidad. El artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, así como indica velar por la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan. Estos derechos están también contemplados en el Convenio 169 de la OIT, del cual Argentina forma parte.
A esta altura, sigue siendo necesario recordar lo establecido tanto en la legislación nacional como los derechos internacionales. Cito el artículo 13 del Convenio 169:
Art. 13:
1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes.
2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.
3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados.
Y una más.
En 2009, en un gesto positivo que suma a la buena legislación que tiene nuestro país respecto a los derechos de los pueblos originarios, el Ministerio de Desarrollo sanciona la ley 26.160: Ley de Emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras, que ordena un Relevamiento territorial de comunidades indígenas. En su introducción leemos: Una de las demandas más sentidas de los Pueblos Originarios es el reconocimiento constitucional de “la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan” (Art. 75, Inc. 17, Constitución Nacional). No obstante el marco normativo vigente, las Comunidades Indígenas han soportado en los últimos años numerosas y reiteradas amenazas, atropellos y desalojos en sus propios territorios.
La misma Alicia Kirchner, conmovida quizás, explicó en la fundamentación:
“Se trata de derechos de participación de nuestros hermanos aborígenes en un derecho que les corresponde, como es la tierra, y no desde el asistencialismo, que los convierte en clientes,
sino desde la participación, que los dignifica. Algunos dicen: Pero, ¿cómo vamos a reconocer cuáles son las tierras o esos territorios? Hay aguadas y pozos; está toda la parte territorial de los ríos en donde se dedicaban a la pesca y a la caza; los cementerios y los lugares sagrados para hacer los rituales. En fin, existen innumerables indicadores donde esto se puede registrar”.
"Félix Díaz pretende apropiarse de tierras desde el criterio de la “ancestralidad” cuando el relevamiento y la mensura de los predios ocupados por pueblos originarios se realizan desde el lugar del espacio “efectivamente ocupado”, como lo marca el gobierno nacional."
A ver, por un lado se pretende una devolución de las tierras a los Pueblos Originarios y el reconocimiento de su cultura y costumbres, que -siempre hablando en el marco de la ley y no la práctica- va de la mano con leyes como la Ley de Tierras, que en su correcta implementación debería frenar la compra de tierras por parte de extranjeros, una realidad que afecta principalmente a campesinos y originarios, y que mantiene los desalojos a la orden del día; pero por otro lado, a la hora de hacer efectiva la ley, todo esa reparación histórica contemplada en convenios y constituciones, se cae, no se respeta, no se cumple.
Lo que dice el periodista en ese párrafo, lo dijo el titula del Instituto de Asuntos Indígenas (INAI), órgano dependiente del Ministerio de Desarrollo, encargado de llevar a cabo el relevamiento territorial de la 26.160. Daniel Fernández, titular del INAI, explicó en una nota del 5/10 en el mismo diario -El Comercial-:
“La labor esta centrada en lo establecido en la ley 26160. Esta norma reconoce la posesión que actualmente se posee, y eso es bueno aclarar porque hay un mensaje en algunos lugares respecto a que ese reconocimiento alcanza lo ancestral, pero no es así". Insistió en marcar que “el relevamiento territorial respeta la posesión tradicional actual y publica, y eso es lo que se va abordar en la provincia de Formosa”, donde anticipo estarán acordando la instrumentación del mismo y en el cual sostuvo “tendrán participación los representantes indígenas, y creo que antes de fin de año estaremos definiendo un plan de trabajo que abarcara alrededor de 18 meses y tomando a más de 150 comunidades de la provincia. Este relevamiento viene a reconocer la posesión actual, tradicional y publica, no la tierra ancestral”, señalo, para repetir que lo de ancestral “es de cumplimiento imposible y planteos en ese sentido solo hace que se tengan conflictos permanentes y sin solución”.
Tres años atrás, cuando era sancionada la ley, decía la titular de Desarrollo Social, de quien depende el INAI, Alicia Kirchner: ¿cómo vamos a reconocer cuáles son las tierras o esos territorios? Hay aguadas y pozos; está toda la parte territorial de los ríos en donde se dedicaban a la pesca y a la caza; los cementerios y los lugares sagrados para hacer los rituales. En fin, existen innumerables indicadores donde esto se puede registrar.
Concluyendo ...
Hermoso. Evidentemente hay una contradicción. O algunas. El caso de Potae Napocná Navogoh (conocida como Colonia La Primavera) es paradigmático en cuanto al negociado alrededor de las tierras de los originarios, en cuando al no cumplimiento de ley, en cuanto a la manipulación mediática, y a las contradicciones que surgen a la hora de ser un país federal. Nación puede intervenir en ciertas cosas, el resto se lo tira por la cabeza a la Provincia que, manejada por el Señor Feudal Gildo, hace y deshace a su gusto.
Los qom ocupan ese territorio hace miles de años, miles de hectáreas; hace 520 vino el Español a América y comenzó a perseguirlos; hace 72 años el cacique Trifón Sanabria conseguía 5 mil hectáreas para La Primavera por decreto nacional; hace 2 años la policía de Formosa los reprimió por exigir se le devuelvan esas 5mil hectáreas. Recordemos que una parte es ocupada por una familia criolla, otra por el Gobierno Provincial (que pretendía hacer una sede de la Universidad Provincial) y otra por el Gobierno Nacional (Parques Nacionales - Parque. Nacional Río Pilcomayo).
Lejos de las palabras de Alicia Kirchner en cuanto al reconocimiento del territorio de los originarios, la realidad es que los qom de Potae pescaban en la laguna hoy ocupada por Parques Nacionales y hoy pretenden darles un carnet para ingresar a pescar. Y otra realidad es que algunos cementerios indígenas son tapados por countries, como es el caso de Punta Querandí, Tigre, provincia de Buenos Aires.
Así las cosas, estamos en vísperas de 2 años de la visibilización del conflicto, de la represión, de los muertos; la situación no cambió mucho, el juego del desgaste se puso en marcha hace bastante; para el Gobierno Provincial la solución sigue siendo dividir a la comunidad, comprar parte de la comunidad con camionetas y colchones (y eso que agua corriente no tienen, ni médicos que los atiendan); el Gobierno Nacional no respondió más a los llamados de los garantes de la Mesa de Diálogo (luchadores por los derechos humanos de la talla de Adolfo Pérez Esquivel, Madres de Plaza de Mayo LF, etc), constituida en mayo de 2011 para solucionar el conflicto en el marco del Ministerio del Interior (¿Recuerdan la foto de Randazzo firmando, y sonriendo?); mientras tanto, el relator de Naciones Unidas, James Anaya, visitó nuestro país el año pasado (estuvo junto a Félix Díaz en Potae, entre otras provincias) y concluyó que nuestro país tiene una buena legislación respecto a las comunidades originarias pero no se cumple; mientras tanto, se espera una respuesta por parte de la Suprema Corte de Justicia, que escuchó ambas partes del conflicto en una audiencia informativa el 7 de marzo de este año; mientras tanto, la familia Díaz es amenazada y perseguida; mientras tanto, si un periodista quiere ir a cubrir un hecho en la comunidad tiene que bancarse que lo persigan, lo filmen, pregunten y repregunten, no les gusta que viajemos, periodistas, abogados, referentes de derechos humanos, dado que les tiramos por la borda el discurso de: "desde Buenos Aires se habla mucho y no conocen"; mientras tanto, la causa qom queda rehén de la lucha por el sentido, la lucha mediática, la resistencia del monopolio a dejar de ser monopolio, y la del Gobierno que dice que todo lo que dice el monopolio es mentira, allí, en ese entramado, quedan causas como la de los qom.
Siempre llego disparada por una nota, un párrafo, y termino contándoles, una vez más, lo que ya saben. Leer la nota de El Comercial del martes pasado, leer el enojo de la Provincia con la decisión de la justicia de sacarle a Félix y su mujer la causa por el corte (aunque sigue estando acusado y procesado dentro de la justicia provincial), me produce hacer el intento de hechar un poco de luz ante las palabras de un periodista que en representación de un gobierno deslegitima una decisión judicial -me recuerda a las palabras de Reinaldo Sietecase, "el periodista como fiscal de la Patria"-, e inventa acercamientos de diálogo por parte de la Provincia, cuando en los hechos, el Gobernador Gildo Insfrán, no recibió jamás al líder qom Félix Díaz o alguno de sus hermanos, para oír, al menos, qué es lo que están reclamando.
A Félix Díaz lo quisieron asesinar unas 4 o 5 veces, siempre desde la misma teoría estúpida de muerto el perro se acaba la rabia; a Félix Díaz intentan matarlo un poco cada día desde los medios, desde el silencio o la mentira, desde el desgaste; no pueden, y encima, una parte de la Justicia actúa en su favor.
