La lista es apenas un acercamiento a una realidad que abarca mucho más que esta nota. En el lapso de 1976 a 1983 los desaparecidos fueron 30 mil. El Estado a disposición de los militares. Ya conocemos la historia, aunque siempre es bueno recordarla. Pero nos centraremos aquí en el período democrático, cuando al Estado –representado en la institución policial- , en un marco de total democracia, se le escapó la mano dura o el gatillo fácil, cuando al país le desaparece un habitante, y el Estado, en muchos casos, desaparece también.
La búsqueda
En los casos policiales, las irregularidades y atropellos se repiten. Adulteración de libro de entradas, torturas y el clásico “sin cuerpo no hay delito” cuando la familia realiza la denuncia, y las sospechas recaen, con claridad, en la institución policial. Así sucedió con Miguel Bru hace 18 años, con Iván Torres, hace 8 años, y con Luciano Arruga 2 años atrás. La lucha de las familias se ramifica ante las irregularidades que atraviesan no sólo a la institución policial, sin también a la justicia. Primero se busca a la persona desaparecida, pasado un tiempo considerable, deben pedir un lógico cambio de carátula. En el caso de Luciano Arruga la causa aún permanece como “averiguación de paradero”, mientras su familia exige que el caso sea caratulado como “desaparición forzada”.
Hay que tener en cuenta a quiénes están, de alguna manera, enfrentando. “Lo que hicimos los familiares y amigos de Luciano fue perderle el miedo a la policía. Cuando decidimos denunciar sabíamos que al otro día nos podían pegar un tiro y listo. Porque no solamente estábamos denunciando la desaparición de mi herma
La desaparición siempre es algo ajeno, algo que le pasa al otro, algo que conmueve, pero sigue siendo lejano. Vanesa también lo sentía así: “Cuando yo miraba a la mamá de Marita Verón, me ponía a llorar y pensaba cómo puede soportar no saber dónde está su hija, la garra que le ponía ella al buscarla. Y al tiempo estábamos nosotros en esa situación.” Vanesa reflexiona sobre cada desaparecido y la lucha de su familia: “fueron personas que dejaron una huella, que lograron que la policía quedara en un papel lastimoso y cuestionado. Se empezó a destapar una olla, se empezó a perder el miedo que se instaló en los ’70.”no, estábamos denunciado que unos meses antes le habían ofrecido un arma para salir a robar. Es muy jodido, hasta el día de hoy, porque los que mataron a Luciano están libres, así que lo primero fue perder el miedo” cuenta Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga.
Encontrar la justicia, por fuera del país: caso Iván Torres
Cuando la justicia resulta inoperante en la investigación, las víctimas pueden apelar a instancias internacionales. Una posibilidad es presentar la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que, una vez tomado el caso, realiza una serie de recomendaciones al Estado. Si no hay respuesta, la Comisión demanda ante
la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado argentino. “Falta de una investigación diligente, oportuna y completa sobre los hechos, y de sanción de los responsables” es el fundamento de la Comisión para concretar la demanda. Así sucedió con el caso de Walter Bulacio, asesinado por la Policía Federal en 1991. Diez años después, el caso llegó a la Corte IDH; eso sí, los tiempos son largos.
María Millacura en la Corte Interamericana de DDHH, en las audiencias llevadas a cabo en Panamá, en mayo de este año
Y lo mismo sucede actualmente con Iván Torres. El 2 de octubre de 2003, Iván, de 24 años, salió de su casa en Comodoro Rivadavia, y se fue a una plaza a jugar al fútbol con amigos. Esa tarde dos patrulleros merodearon la zona. A la medianoche lo subieron al móvil nº 469, y desde entonces nunca más se lo vio con vida, ni con muerte. Desapareció.
Según testigos, Iván estuvo detenido en la Comisaría 1º de Comodoro Rivadavia y fue golpeado brutalmente e incluso torturado por efectivos del lugar.
Como se mencionó antes, a Iván Torres lo detenían con frecuencia, “averiguación de antecedentes, contravención”, eran los motivos. En un informe presentado por los abogados de la familia de Iván al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas se detalla un episodio de detención:
“(…) fue llevado por la policía a un lugar alejado de la zona urbana donde le sacaron las zapatillas, la remera, fue golpeado, y le hicieron simulacro de fusilamiento con armas de fuego. Gustavo Cruz, amigo suyo, fue uno de ellos, quien además denunció a la policía por apremios ilegales, y murió en ocasión de un incendio en la vivienda humilde en la que vivía mientras dormía.”
Escuchar, decir, pensar: “Simulacro de fusilamiento”, lo traslada a uno a la oscuridad del Estado militar y represor, e indica que la purga democrática no alcanzó aún la institución policial, entre otras.
Recién el 14 de octubre le tomaron la denuncia a la madre de Iván, María Millacura, luego de que efectivos se negaran a tomársela durante la madrugada del 3 de octubre, cuando la mujer se hizo presente en la Comisaría 1º buscando a su hijo. María fue al otro día, y al otro, hasta que el sexto día, la hacen pasar a la comisaría, entran en un cuarto y un oficial, a punta de pistola, le dice: “Vieja hija de puta, acá te voy a hacer boleta”.
Plazademayo.com consultó a Verónica Heredia, abogada del caso, quien relató que “cuando los medios comenzaron a publicar el caso de Iván Torres, donde la familia denunciaba a la policía como responsable, el comisario se presentó en la casa de María Millacura pidiéndole que vaya a la comisaría a radicar la denuncia”. Verónica resaltó que “los primeros días eran claves, ya que se pierden pruebas fundamentales para saber qué sucedió con Iván.” Lo mismo ocurrió en el caso Luciano Arruga. Las coincidencias son muchas. “Este no es un caso aislado, lo que habla de una práctica sistemática de la policía”, denuncia Heredia.
La mamá de Iván no cesó un instante en la búsqueda de su hijo, al día de hoy lo espera con vida. Ese, y no otro, es su pedido. En 2004 María viajó desde Comodoro Rivadavia a Buenos Aires, y fue recibida por el entonces presidente Néstor Kirchner.
“Volvé a Comodoro que en un mes yo voy y me vas a recibir con Iván”, cuenta la doctora Heredia que le dijo Kirchner a María. Al mes, Kirchner viajó a Comodoro y María se acercó al aeropuerto para verlo, el presidente la atendió de manera rápida e informal, sin saber qué responder ante la ausencia de Iván. Le dio un abrazo y partió.
A diferencia de Néstor, Cristina nunca recibió a María. Recordemos que unos días atrás, en el marco de la desaparición de Candela, la Presidenta recibió a la familia de la nena que apareció asesinada en Morón, y a los padres de María Cash, desaparecida desde el 4 de julio de este año. Ninguno de los casos de desaparecidos desde el 2007 a hoy fueron atendidos con tanto ahínco por parte del Gobierno Nacional y Provincial. Ni la familia de Luciano Arruga ni la de Luciano González -dos casos paradigmáticos de desaparecidos en democracia durante la gestión CFK- fueron recibidas por las autoridades nacionales ni provinciales -Daniel Scioli en Buenos Aires, Mario Das Neves en Chubut-.
Ante la falta de investigación, y la ausencia de algún detenido, en noviembre de 2003 los abogados presentaron el caso de Iván Torres a la Comisión Interamericana de DDHH, que lo tomó dos años después, en 2005.
El 9 de enero del mismo año, la mamá de Iván recibió una carta de un testigo que aseguraba haber visto cómo golpearon a Iván, y quiénes fueron. Al otro día remiten la carta a la Comisión IDH, solicitando urgente protección al testigo. El 17 de enero, David Hayes –el testigo- fue asesinado en la Alcaldía Policial de Comodoro Rivadavia. Sería el primero de los 6 testigos asesinados en circunstancias confusas. Tamara, amiga de Iván y testigo de las reiteradas y arbitrarias detenciones al joven, fue violada por un policía creyendo que era hermana de Iván. Antes de irse, el policía le dijo “andá a la (Comisaría) Primera que te tomo la denuncia”. La cantidad de amenazas y muertes es el reflejo de la impunidad que sienten quienes amenazan, asesinan y violan.
Luego de que la jueza Eva Parcio de Selene sobreseyera en 2007 a 15 policías acusados, y en cuya sentencia expresara: “En Argentina, año 2003, democracia, Comodoro Rivadavia, no puede haber desaparición forzada”, la familia y los abogados solicitaron su remoción del caso, “nos dimos cuenta que era imposible trabajar con ella”, expresa Verónica Heredia. Pero la jueza continuó en el cargo. Sorprende el cambio de la magistrada, que en enero de este año -“de la nada”, según la abogada- modificó su sentencia y procesó a los acusados. Claro, el caso ya estaba en la Corte IDH. La jueza no ordenó la detención preventiva por lo que, al día de hoy, ninguna persona está detenida por la desaparición de Iván. “Incluso la misma policía denunciada es la que está investigando el caso, ¿qué van a investigar?” se pregunta Verónica.
En 2007 la jueza Parcio de Selene, el gobierno de Chubut y el Ministerio del Interior distribuyeron dos fotos de Iván Torres pidiendo información sobre su paradero (ver imagen), donde se ofrecía una recompensa de 200mil pesos a quien aportara datos. Lo que sobresaltó enormemente a María Millacura es que las fotos no eran las que ella entregó buscando a su hijo, eran fotos que fueron tomadas después de la desaparición. María reconoció la remera que llevaba puesta Iván, era la misma que vestía el 2 de octubre de 2003. En ambas fotos se lo ve pálido y demacrado. Impunidad y alevosía le calzan justo a los responsables. Y una irresponsabilidad por parte de los funcionarios que reciben una foto que prueba la detención ilegal, y la difunden sin cuestionar.
En diciembre de 2009, la Comisión IDH envió un informe al Estado argentino, haciendo una serie de consideraciones y recomendaciones que debían ser cumplidas en un plazo de dos meses. Entre las recomendaciones leemos:
“3 – realizar una investigación completa, imparcial, efectiva y pronta del caso y sancionar la responsabilidad intelectual y material de todas las personas que participaron en los hechos (…)”
“4- realizar una investigación completa (…) respecto de las personas adscriptas a los diferentes órganos estatales involucrados en las investigaciones (…) a fin de determinar la responsabilidad por las deficiencias en la investigación (…) que ha derivado en la impunidad”.
Consultada al respecto, Verónica Heredia dice que nada de esto se cumplió.
Cabe destacar el último punto de las recomendaciones:
“7- Adoptar las medidas legislativas que fueren necesarias para tipificar como delito la desaparición forzada de personas en Argentina”.
Esto fue recientemente debatido en la cámara de diputados y aprobado en abril de este año.
Pasados los dos meses de plazo, el Estado solicitó dos prórrogas que fueron aceptadas. Pero la Comisión consideró que no hubo “avances sustantivos en el efectivo cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe de fondo” por lo que realizó la correspondiente demanda ante la Corte IDH, con sede en San José de Costa Rica, el 18 de abril de 2010, convirtiéndose en un caso testigo de desaparecido en democracia que llega a esa instancia internacional, ya que se evaluará la responsabilidad del Estado en la desaparición de personas, mediante el abuso de poder, sobre todo en grupos de vulnerabilidad social.
El 18 de mayo de este año, la Corte celebró en Panamá una serie de audiencias públicas, entre las que se trató el caso de Iván. María Millacura declaró ante los jueces: “La única razón por la que estoy en Panamá es para que los señores jueces le digan al Estado argentino que me devuelva a mi hijo como se lo llevaron, con vida y gozando de buena salud”. La simpleza de su expresión contrasta duramente con todo lo que ha padecido los últimos 8 años. Amenazas, humillaciones, malos tratos y hasta una pistola en la cabeza, “me querían romper para que no joda más”, denunció la mujer. Pero sobre todo, padeció, y padece, la ausencia de su hijo. El no saber dónde está.
En la misma oportunidad, Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo –Línea Fundadora-, declaró como perita propuesta por los abogados de la familia de Iván.“Es muy difícil probar la responsabilidad de los participantes en este tipo de delitos porque suele existir complicidad entre las autoridades”, determinó.
La comisionada Luz Patricia Mejía, remarcó ante el tribunal la particularidad del pedido expreso de María Millacura, que su hijo aparezca con vida.
El caso de Iván, formalmente llamado “Caso Torres y otros VS. Argentina” tendrá su resolución en octubre de este año. Para Heredia la sentencia será la condena al Estado argentino por la desaparición de Iván Torres.
Ante la pregunta de cuál es la comunicación con los funcionarios nacionales, Verónica Heredia respondió “ninguna”, y agregó que “la familia de Iván hoy no quiere ser parte de esa foto simbólica con la Presidenta, el único pedido expreso es que vuelva Iván con vida y que le otorguen el lugar donde estuvo detenido y fue torturado”, tal como en el caso de Luciano Arruga, cuya familia está a la espera de que se concrete la entrega del lugar para convertirlo en un centro cultural. Sumando otra lamentable coincidencia, la Comisaría 8º de Lomas del Mirador –donde estuvo detenido Luciano- y la Comisaría 1º de Comodoro Rivadavia, fueron dos de los 340 Centros Clandestinos de Detención de la dictadura.
Verónica recuerda el caso Miguel Bru, también con sorprendente coincidencias. Miguel fue detenido en la Comisaría 9º de La Plata, también ex Centro Clandestino de Detención, torturado, durante la investigación hubo testigos amenazados e incluso asesinados, a uno de ellos le secuestraron a los hijos, y la principal coincidencia, jamás apareció su cuerpo. Por el caso Bru en 1999 la justicia condenó a dos policías, un comisario y un oficial, pero la familia de Miguel, hoy luchando desde la Asociación Miguel Bru junto a otros casos víctimas de abuso de poder, continúa buscando la condena del resto de los policías que estuvieron esa noche, y por supuesto, tal como la familia de Iván y la de Luciano, continúan buscando a su hijo.
Maldita Policía
En 1990, Adolfo Garrido Calderón y Raúl Baigorria Balmaceda fueron detenidos por la Policía de Mendoza, y continúan desaparecidos. La policía mendocina es una de las más denunciadas por casos de gatillo fácil y desapariciones. Ya en 1989 el asesinato de Roberto Castañeda por un policía mendocino le valió al Estado argentino la condena del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Recordemos el caso de Sebastián Bordón, un joven de 18 años asesinado a golpes por la policía en la localidad del Nihuil, durante su viaje de egresados en esa provincia.
Otro caso mendocino fue el de Pablo Guardati, detenido en 1992 por la policía de Godoy Cruz. Guardati continúa desaparecido.
En 1990, Andrés Núñez desapareció en La Plata. Cinco años más tarde un policía se quebró y confesó dónde estaba enterrado su cuerpo. Luego nos encontramos con el emblemático caso de Miguel Bru, el joven estudiante de periodismo que desapareció en 1993, luego de ser detenido por policías bonaerenses en La Plata.
En 1994, Héctor Gómez y Martín Basualdo desaparecieron en la provincia de Entre Ríos, tras ser detenidos por la policía local.
En 2002, Elías Gorosito fue levantado por un móvil policial en Paraná, Entre Ríos, y nunca más se supo de él. El mismo año desaparece en Munro, provincia de Buenos Aires, Osvaldo Raúl Saliwonczyk, luego de ser detenido por efectivos de la bonaerense.
En 2003 desaparece en Neuquén Sergio Ávalos. Fue visto por última vez en un boliche, y sus allegados suponen que fue golpeado duramente por los patovicas del lugar. En octubre del mismo año desaparece Iván Torres en Comodoro Rivadavia, Chubut. La última vez que lo vieron con vida fue en la comisaría 1٥ de esa localidad.
Julio López, testigo clave en el juicio contra el represor Miguel Etchecolatz, desapareció en 2006, antes de que finalice el juicio. En este caso, Organismos de Derechos Humanos plantean que la desaparición de Jorge Julio López involucra a miembros de fuerzas de seguridad retirados y en actividad
El verano de 2009 trae dos desapariciones. Luciano Arruga es detenido y llevado al destacamento policial de Lomas del Mirador. Según testigos, le pegan hasta matarlo. Su cuerpo nunca apareció. Tal como Iván Torres, Luciano había sido detenido en ocasiones anteriores, y golpeado brutalmente, en lo que se conoce como “criminalización de la pobreza”. Luciano era un chico de 16 años de un barrio pobre; Iván un muchacho humilde que trabajaba de albañil y otras changas.
En marzo del mismo año, desapareció Luciano González en Corcovado, Chubut. Como en la mayoría de los casos, a Luciano lo ven por última vez en la comisaría de Cerro Centinela. Su desaparición se da en un marco de un Corcovado en Estado de Sitio, gobernado por el Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP). Durante esos días, allanaron de manera violenta 20 viviendas. Desde entonces, nadie sabe nada de Luciano González.
Desaparición Forzada de personas en el Código Penal
El 14 de abril pasado, y luego de reiteradas recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, basadas entre otros, en el caso Iván Torres, el ancia internacional de la IV cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que incorpora al Código Penal el delito de desaparición forzada de personas, modificando para ello el Código Procesal Penal. La reforma tipifica el delito de privación de libertad de una persona llevada a cabo por un “funcionario público o sujeto que actúe con autorización, con apoyo o aquiescencia del Estado”, y el delito no prescribirá hasta que la persona desaparecida sea hallada o restituida su identidad.
Las penas impuestas, tal como lo indica el primer párrafo del proyecto de ley, van “de 10 a 25 años e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada al funcionario público o la persona o miembros de un grupo de personas que, actuando con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, de cualquier forma, privare de la libertad a una o más personas, cuando ese accionar fuera seguido de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o informar sobre el paradero de la persona”. La ley determina además que cuando las desapariciones forzadas acaban en la muerte de la víctima o con la imposibilidad de sus familiares de encontrarla, la pena será de prisión perpetua.
